La expansión territorial de la educación superior chilena no ocurre principalmente a través de la apertura de nuevas universidades sino mediante mecanismos más silenciosos pero igualmente significativos: la creación de sedes regionales de instituciones existentes, la expansión de la oferta en línea con validez equivalente a la presencial y los cambios legales que permiten a las universidades estatales operar en más de una región simultáneamente. Entender cómo funciona ese proceso ayuda a comprender qué está cambiando realmente en el mapa de la educación superior fuera de Santiago.
La Ley de Birregionalidad: el cambio estructural más relevante
El cambio con mayor impacto en la expansión universitaria regional de los últimos años no fue la apertura de ninguna sede específica sino la aprobación de la Ley de Birregionalidad, que permite a las universidades estatales tener domicilio legal en dos regiones contiguas.
El caso más emblemático es el de la Universidad del Bío-Bío, que a través de esta ley se convirtió en universidad pública tanto de la región del Biobío como de Ñuble. Ese cambio no significó simplemente poner un letrero nuevo: implicó la expansión de su oferta académica hacia la región de Ñuble, donde antes la presencia universitaria estatal era más limitada, y el compromiso de desarrollar programas orientados a las necesidades productivas y sociales de esa región específica.
La lógica de la ley es eficiente en términos de recursos públicos: en lugar de crear una nueva institución desde cero —con todos los costos de infraestructura, acreditación y construcción de cuerpo académico que eso implica— se aprovecha la capacidad instalada de una universidad ya consolidada para ampliar su cobertura territorial sin duplicar estructuras.
Las universidades de O’Higgins y Aysén: el modelo de creación desde cero
Antes de la Ley de Birregionalidad, el mecanismo que el Estado usó para llevar educación universitaria pública a regiones sin cobertura fue la creación de instituciones nuevas. La Universidad de O’Higgins y la Universidad de Aysén, creadas por la Ley 20.842 de 2015, son los últimos ejemplos de ese modelo.
Ambas instituciones están acreditadas y adscritas al sistema de gratuidad. La Universidad de Aysén opera en una de las regiones más aisladas del país y tiene una oferta de carreras diseñada específicamente para las necesidades del territorio: administración, turismo, acuicultura y carreras del área social que responden a la realidad productiva y demográfica de Aysén. La Universidad de O’Higgins tiene un perfil similar de vinculación territorial con su región, con carreras en ingeniería, ciencias agropecuarias y pedagogía.
El modelo tiene ventajas claras en términos de pertinencia: una universidad diseñada para una región específica puede construir su oferta académica con las necesidades de ese territorio como punto de partida, en lugar de adaptar una oferta diseñada para otro contexto. Pero también tiene limitaciones: la construcción de masa crítica académica, infraestructura de investigación y reputación institucional tarda décadas, lo que significa que los estudiantes de las primeras generaciones son simultáneamente los beneficiarios y los constructores de esa institución.
Las sedes de universidades privadas: expansión con criterio comercial
Las universidades privadas han seguido una lógica de expansión territorial diferente a la del sistema estatal. Instituciones como la Universidad San Sebastián, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Santo Tomás tienen presencia en múltiples regiones del país con sedes que ofrecen carreras de alta demanda —derecho, enfermería, psicología, administración— en ciudades donde antes los estudiantes debían desplazarse a Santiago o a Concepción para acceder a esas carreras.
Esa expansión tiene un impacto real en el acceso: permite que estudiantes que no pueden o no quieren dejar su región de origen accedan a carreras que antes no tenían disponibles cerca. Pero tiene también una crítica que los académicos del sistema plantean con regularidad: las sedes regionales de universidades privadas grandes no siempre replican la calidad de la sede principal, y en algunos casos ofrecen carreras con menor dotación docente, infraestructura más limitada y menor conexión con la investigación que caracteriza a las mejores unidades de esas mismas instituciones en Santiago.
La acreditación de sede, cuando existe, es el indicador más confiable para evaluar si una sede regional cumple estándares equivalentes a los de la casa central. No todas las sedes están acreditadas de manera independiente, lo que hace relevante verificar ese dato antes de elegir estudiar en una sede regional de cualquier institución.
La educación en línea como forma de expansión silenciosa
Hay una forma de expansión de la oferta académica regional que no implica abrir ninguna sede física pero que tiene un impacto territorial significativo: los programas de educación en línea con validez equivalente a los presenciales.
Desde la pandemia, varias universidades chilenas consolidaron plataformas de educación a distancia que permiten acceder a carreras completas sin residir en la ciudad donde está la sede. Eso ha cambiado las posibilidades para estudiantes de zonas rurales, comunas alejadas de centros urbanos y personas que trabajan y no pueden asistir a clases presenciales.
La regulación de estos programas por parte del Ministerio de Educación se ha ido ajustando para garantizar estándares mínimos de calidad. Los programas en línea de universidades acreditadas están sujetos a los mismos procesos de evaluación que los presenciales, lo que reduce el riesgo de que la modalidad sea usada como mecanismo para ofrecer titulaciones de menor calidad a menor costo.
Lo que la expansión regional no resuelve sola
Abrir una sede o crear una universidad en una región no garantiza por sí solo que más jóvenes de esa región accedan a la educación superior. Los factores que más determinan el acceso no son siempre la distancia a una institución sino la preparación académica previa, la necesidad económica de trabajar mientras se estudia y la información disponible sobre qué opciones existen y cómo financiarlas.
La expansión territorial de la oferta universitaria es una condición necesaria pero no suficiente para democratizar el acceso. Las políticas de apoyo económico, orientación vocacional y acompañamiento académico tienen que ir de la mano con la apertura de nuevas sedes para que la presencia física de una universidad en una región se traduzca en un cambio real en las trayectorias educativas de sus habitantes.